Una de las críticas más fuertes hacia el gobierno es la falta de transparencia y acción efectiva. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha reservado por siete años la información relacionada con el caso, lo que ha sido calificado por expertos y afectados como una medida de opacidad que protege a funcionarios involucrados y dificulta la rendición de cuentas.
El escándalo del desfalco de aproximadamente 35 millones de dólares en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) en El Salvador ha dejado a cientos de afectados sin acceso a sus ahorros y ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones financieras y gubernamentales del país.
Desde 2015, según la Fiscalía General de la República, se habrían cometido irregularidades financieras que culminaron en este millonario fraude, donde directivos y empleados desviaron fondos, incluso hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y Alemania.
A pesar de las investigaciones y capturas de 15 personas relacionadas con lavado de dinero y defraudación, las víctimas denuncian que el Estado salvadoreño les ha cerrado las puertas para obtener justicia y recuperar sus fondos.
Una de las críticas más fuertes hacia el gobierno es la falta de transparencia y acción efectiva. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha reservado por siete años la información relacionada con el caso, lo que ha sido calificado por expertos y afectados como una medida de opacidad que protege a funcionarios involucrados y dificulta la rendición de cuentas.
Además, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, rechazó una propuesta para crear un fideicomiso que ayudara a las víctimas, lo que evidencia una falta de voluntad política para resolver la crisis.
Los afectados han recurrido a instancias internacionales, solicitando audiencias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y embajadas de varios países para visibilizar su caso y presionar por soluciones Incluso han pedido la intervención del FBI debido a la implicación de ciudadanos estadounidenses y el lavado de dinero detectado en ese país.
La muerte trágica del exgerente de COSAVI, Manuel Coto, en un accidente aéreo mientras era trasladado para enfrentar la justicia, junto con altos mandos policiales, añade un elemento oscuro y polémico al caso, que algunos sectores consideran de naturaleza política y que hasta ahora no ha sido esclarecido oficialmente.
El gobierno de El Salvador ha sido criticado por su falta de transparencia, la reserva prolongada de información, la negativa a apoyar a las víctimas mediante mecanismos legales y la aparente protección de intereses políticos vinculados al caso. Esta situación ha generado una crisis de confianza que afecta no solo a los afectados directos, sino también a la percepción internacional sobre la gestión pública y la lucha contra la corrupción en el país.
