Pese a la proclamada bonanza, los réditos de la inversión en bitcoin no se han reflejado en obras públicas, programas sociales ni mejoras palpables para la ciudadanía.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador sigue promocionando su inversión en bitcoin como un éxito sin precedentes. Según cifras oficiales compartidas por el propio presidente y medios afines, la reserva estratégica de bitcoin del país ha alcanzado un valor de más de 760 millones de dólares, con una ganancia no realizada que superaría los 400 millones respecto al monto invertido, que ronda los 300 millones de dólares.
Bukele y su administración han insistido en que estas ganancias son evidencia de una “estrategia visionaria”, destacando supuestos beneficios derivados como el ahorro en comisiones para remesas, atractivos de inversión extranjera y el uso de energía geotérmica para minería de criptomonedas. A pesar de esa narrativa, la realidad para la población salvadoreña muestra otra cara.
“Que (el bitcoin) se volviera una moneda de curso legal no trajo el desarrollo que prometió, no trajo mayor inversión extranjera, no trajo remesas más baratas, no trajo inclusión financiera para las mayorías”, señala la diputada opositora Claudia Ortiz.
Pese a la proclamada bonanza, los réditos de la inversión en bitcoin no se han reflejado en obras públicas, programas sociales ni mejoras palpables para la ciudadanía. Analistas y diversas voces opositoras denuncian la falta de transparencia entorno a las cifras, la gestión y los eventuales mecanismos para transformar “ganancias en papeles o wallets” en recursos reales para la economía nacional. El propio gobierno admite que, por ahora, no venderá sus bitcoin para hacer líquida esa ganancia, lo que deja cualquier beneficio como únicamente “teórico” mientras el capital permanezca en criptomonedas.
Simultáneamente, El Salvador acumula altos niveles de deuda pública, continúa recurriendo a préstamos internacionales —algunos condicionados por organismos como el FMI a una reforma del régimen bitcoin— y ha sido criticado por tomar recursos de fondos públicos, incluidos ahorros de pensiones, para soportar sus apuestas financieras. La aparente bonanza cripto no frena este endeudamiento ni se traduce en alivio fiscal: el país enfrenta pagos millonarios en deuda y sus bonos siguen bajo estrecha vigilancia de los mercados.
El panorama general revela una marcada diferencia entre el discurso triunfalista del Ejecutivo y la percepción pública. Encuestas muestran desconfianza, desconocimiento y un rechazo mayoritario al uso del bitcoin como solución a los problemas estructurales del país. Hasta ahora, el principal saldo real ha sido la polarización y una mayor opacidad en el uso de los fondos públicos, mientras la “ganancia” sigue siendo un apunte digital y el Estado sigue buscando dinero de fuentes tradicionales para cubrir sus obligaciones.
