En comparación, entre 2015 y 2018, los años previos a Bukele, el número de desaparecidos fue mucho mayor, con 6,917 casos según las mismas fuentes oficiales. Sin embargo, diversos organismos y reportes independientes señalaron durante los primeros años del gobierno de Bukele que las denuncias por desapariciones, lejos de desaparecer, seguían siendo preocupantes. Por ejemplo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos registraba al menos 4,000 denuncias de desapariciones hacia finales de 2022, subrayando que las tasas se mantenían “más altas que las de gobiernos anteriores” y que el fenómeno se agravaba.
El problema de los desaparecido s, lejos de estar resuelto, sigue siendo una herida abierta en la sociedad salvadoreña, que exige verdad, justicia y reparación.
Durante el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que comenzó el 1 de junio de 2019, el fenómeno de los desapariciones ha seguido marcando la vida nacional, a pesar del discurso oficial que habla de una mejora radical en la seguridad del país. Las cifras oficiales y análisis independientes permiten realizar un recorrido por el drama de los desaparecidos, las respuestas del Estado y los desafíos vigentes.
Cifras documentadas y evolución
Según cifras divulgadas por el propio presidente Bukele a mediados de 2025, entre el 1 de junio de 2019 y el 18 de junio de 2025 se registraron 2,548 personas desaparecidas. Este número proviene de datos oficiales publicados por el Ejecutivo salvadoreño y significa, en promedio, que cada día desde el ascenso de Bukele al poder ha desaparecido al menos una persona, de acuerdo al análisis de medios locales usando los propios cuadros gubernamentales.
En comparación, entre 2015 y 2018, los años previos a Bukele, el número de desaparecidos fue mucho mayor, con 6,917 casos según las mismas fuentes oficiales. Sin embargo, diversos organismos y reportes independientes señalaron durante los primeros años del gobierno de Bukele que las denuncias por desapariciones, lejos de desaparecer, seguían siendo preocupantes. Por ejemplo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos registraba al menos 4,000 denuncias de desapariciones hacia finales de 2022, subrayando que las tasas se mantenían “más altas que las de gobiernos anteriores” y que el fenómeno se agravaba.
Fosas clandestinas y encubrimiento
Parte del contexto de las desapariciones durante la administración Bukele se relaciona con el hallazgo recurrente de fosas clandestinas, que han salido a la luz por investigaciones forenses en zonas rurales del país. En junio de 2025, la Fiscalía General informó sobre la recuperación de 11 cadáveres en una fosa en Colón y otro cuerpo en Nuevo Cuscatlán. El propio presidente ha reconocido que, por años, muchos homicidios se “ocultaron” registrándolos como desapariciones, un fenómeno ligado tanto a la acción de las pandillas como a prácticas institucionales previas.
“Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas…”
– Nayib Bukele, junio de 2025
Desapariciones durante el régimen de excepción
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción impuesto por el Ejecutivo para combatir a las pandillas. Esta medida ha supuesto la suspensión de garantías constitucionales y permitió miles de detenciones arbitrarias, según organizaciones como Amnistía Internacional, que además han reportado muertes bajo custodia estatal, violaciones al debido proceso y la criminalización de comunidades empobrecidas.
A pesar de la disminución estadística oficial en los casos de desaparecidos —menos de 100 al año en 2024 y 68 hasta el 18 de junio de 2025, según datos publicados por Bukele— activistas de derechos humanos y víctimas critican la falta de investigaciones robustas y la persistencia de impunidad en muchos casos recientes.
El reto no resuelto
Según todos los documentos y datos verificables, El Salvador ha registrado al menos 2,548 personas desaparecidas durante el gobierno de Bukele (2019-2025), con decenas de nuevos casos cada año y hallazgos continuos de fosas clandestinas. La reducción respecto a años anteriores es real en las estadísticas oficiales, pero múltiples informes independientes y organismos internacionales alertan sobre la subregistro, el terror impuesto por grupos delincuenciales y la falta de investigación efectiva que aún caracteriza a la respuesta estatal.
